Faltan más de 70.000 plazas residenciales para mayores en España y las ratios no alcanzan el criterio de la OMS

Varios ancianos que viven en una residencia de Alcalá de Henares, Madrid.

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. En esta década, la ratio de plazas por cada 100 ancianos se ha reducido de un 4,56 a un 4,22, lo que aleja aún más al país de cumplir con el objetivo mínimo del 5 % que aconseja la Organización Mundial de la Salud.

"Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España", denuncian desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha publicado un informe que analiza datos oficiales del IMSERSO recogidos entre las 5.542 residencias españolas.

La situación deja diferencias muy significativas entre las distintas comunidades autónomas. Solo cinco de ellas --Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias-- alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y únicamente dos de ellas (las dos Castillas) cumplen también ese criterio con plazas de financiación pública.

Los principales déficits de plazas residenciales se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).
Un 62 % del total de plazas son públicas

Las plazas de financiación pública en residencias para personas mayores en España suman un total de 242.206 de las 389.031 existentes en todo el territorio nacional, es decir, un 62% del total.

El 38% restante -146.825- corresponde a plazas de financiación privada, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con mayor porcentaje de plazas públicas (74%) y Galicia la que registra menor porcentaje, con un 41%.

El informe también revela que en comunidades como Galicia, Canarias y Madrid existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.
Precio público anual por usuario: 20.686 euros

En cuanto al precio público anual por usuario, la asociación indica que es de 20.686 euros y el de la concertación 19.324. Esto supone que la aportación promedio del usuario es del 36% y del 40%, respectivamente, según el informe.

De la misma manera, las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros. En este aspecto hay una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 € anuales en comunidades como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 € anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas, con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 € respectivamente.

Así, en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%.

"A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise", señalan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que recuerda que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad)".

La asociación también señala que "unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho".

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