Supresión del castellano como lengua vehicular y limitaciones a la concertada, las claves de la ley Celaá

Alumnos del colegio público de Las Gaunas de Logroño llegan a este centro educativo durante el primer día del curso escolar en una imagen de archivo.

 

La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado este viernes su dictamen a la LOMLOE o ley Celaá, con modificaciones al texto inicial presentado por el Gobierno tras las enmiendas de los grupos. La presencia del castellano junto a las lenguas cooficiales o las limitaciones a los centros concertados han puesto de relieve las discrepancias entre los partidos.

Resumimos las claves de la que será, si sale adelante, la octava ley educativa de la democracia. Para ello, necesitará más apoyos en el Pleno del Congreso que los conseguidos en la Comisión, donde PP, Vox, Ciudadanos y UPN han votado en contra. El texto todavía no es definitivo, se podrán aplicar nuevos cambios.

El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. En cualquier caso, las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanza tanto en español, como en las lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

Además, en aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura.
Religión y valores cívicos y éticos

Aunque la oferta es obligatoria, elimina la necesidad de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

Además se incluye una asignatura de valores cívicos y éticos que se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.
Currículo, repetición de curso

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50 % de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 % para el resto.
Educación especial en centros ordinarios y centros específicos

En diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. No obstante, las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
Limitación de los centros concertados y a la segregación por género

Elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no podrán separar al alumnado por su género.
Más plazas en infantil y suelo público

La ley pauta el aumento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos.

Se establece un incremento específico de las plazas públicas de 0-3 años y se promueve la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas.
Criterios y comisiones para la admisión de alumnos

Cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.

Se contemplan las comisiones de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
Educación democrática, ecologista, feminista, digital y afectivo-sexual

La ley Celaá hace explícitos nuevos enfoques en la educación como el de fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.

Además, los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, que deberá plantearse desde una perspectiva de género.

La ley subraya el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas, así como las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.
Mujeres en ciencia

El nuevo texto quiere impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.
Certificación en secundaria y bachillerato

Los alumnos recibirán al concluir ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.

Por su parte, el bachillerato podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.
Educación para adultos y para alumnos sin cualificación

Podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.

Además, las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.
Escuela rural

Se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento.
Situaciones de emergencia

Educación y comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus.
Inspección

Se introducen cambios en el acceso a la inspección: la fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.