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El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán en Tribuna Fórum Canarias,  ante las quejas manifestadas hoy por las cúpulas de algunos operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, aclara que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuida por ley la competencia para la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la autonomía, por lo que le corresponde tomar la decisión sobre el tipo de infraestructura a construir a fin de ampliar la actual de la capital tinerfeña y su ubicación, que solo cabe adoptar con arreglo al interés general de la ciudadanía, que es quien recibe este servicio público, y no de agentes concretos en función de los suyos particulares. "No podemos permitir que los operadores jurídicos secuestren la decisión sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia apelando a una falsa necesidad de consenso ni que pongan en cuestión la legitimidad de la Administración para actuar", remarcó.

Barragán recuerda que, en todo caso, antes de optar por la edificación de un Campus de la Justicia en la zona de El Sobradillo impulsó reuniones con todos los operadores jurídicos para conocer su parecer a pesar de que la Administración no está obligada a hacerlo, quienes en esa ocasión apoyaron la alternativa de una Ciudad de la Justicia en vez de otra sede adicional a las existentes  que no daría una solución definitiva a la falta de espacio ni permitiría aglutinar los órganos judiciales del partido (y de la provincia). De forma paralela, consultó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si existían alternativas tanto en Cabo Llanos o en otras partes de la ciudad más cercanas a Tres de Mayo que el terreno de El Sobradillo, a lo que el consistorio respondió de forma negativa con un informe el pasado 14 de marzo.

Además, apunta Barragán, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el mes pasado una propuesta de resolución que insta al Gobierno autonómico a la construcción de una verdadera Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife en el marco de la Estrategia de Modernización de Justicia que atienda a los criterios de la nueva oficina judicial y fiscal y que agrupe todos los servicios y a los operadores relacionados con la Administración de justicia dándole el carácter de obra prioritaria en materia de infraestructuras judiciales en Canarias. Esta opción permitirá concentrar en una misma sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal), y dispondrá de un parking con 675 plazas para el personal y los servicios del complejo y otras 700 para el público.