Lamentan el deterioro del espacio turístico, la desvalorización del suelo, la disminución de plazas en el mercado y la pérdida de puestos de trabajo.

El efecto residencialización comenzó en los años 90en complejos de apartamentos de pequeño tamaño que dejaron de ser rentables por las caídas cíclicas de los precios y empezaron a entrar en el mercado inmobiliario residencial. La falta de inversión de los propietarios, que en muchos casos buscaban obtener réditos sin invertir, fue una de las grandes claves. Solo en las dos islas capitalinas más de 56.000 camas han pasado del circuito vacacional al residencial en los últimos 20 años. De ellas más de 26.000 están en Tenerifey casi 30.000 en Gran Canaria, donde el boom turístico produjo una mayor proliferación de complejos de apartamentos que hoteles. Ciñéndonos a la isla de Tenerife, según los datos oficiales del Registro Insular, el 62% de las plazas que han salido del mercado se localizan en Adeje y Arona. El Puerto de la Cruz y Santiago del Teide acaparan la mayor parte del resto.

¿Qué grado de responsabilidad tiene la Administración a la hora de evitar el deterioro progresivo de estos complejos alojativos? La Ley de Turismo 7/1995 establece en su artículo 434 que aquellos establecimientos que no conserven la calidad acorde con su categoría serán reclasificados. “No conozco ningún caso en que, como consecuencia del deterioro, se le haya rebajado la categoría a algún establecimiento”, asegura José Fernando Cabrera en el Congreso Internacional de Turismo celebrado en Arona -Tenerife, expresidente de Ashotel y máximo dirigente del grupo Golf Resort. “La inspección turística no juega su papel, está mal orientada, no dispone de personal suficiente y limita su presencia a aquellos casos en los que se produce una reclamación”, manifiesta Cabrera, que advierte sobre los niveles de exigencia de un mercado que, además, es muy cambiante. “Aquí, o te adaptas o dejas de ser competitivo. Pocos propietarios de complejos pequeños se deciden a mejorar y apostar por hoteles boutiques diferenciados”, afirma.

El sector avisa de que cada vez que se cierra o residencializa un complejo no se puede sustituir consumiendo más suelo y subraya la alta factura laboral que se paga. Los cálculos de la patronal indican que en los últimos dos decenios más de 20.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, se han perdido en la Isla por el trasvase de plazas desde el mercado turístico al de viviendas. Por todo ello piden utilizar la nueva Ley de Renovación y Modernización y aprovechar los Planes de Mejora y Modernización Turística (PMM), extender los informes técnicos para comprobar la conservación estructural y estética de los complejos turísticos a los núcleos residenciales de las zonas turísticas y potenciar las inspecciones de turismo en coordinación con los cabildos.

Para Jorge Marichal, presidente de Ashotel, la residencialización desvirtúa el modelo turístico. “Es un fenómeno que afecta, sobre todo, a edificaciones en segundas líneas de costa que se han visto más golpeadas por la crisis. Esas zonas deben ser recuperadas a través de los planes de modernización o los planes territoriales y, si es preciso, se deberían establecer expropiaciones, porque no se puede hacer un uso indebido de un espacio que ha sido autorizado para una finalidad distinta”. Marichal recuerda en el Congreso Internacional de Turismo celebrado en Arona -Tenerifeque hay hoteles “que se han vendido a trozos y que hoy son auténticos mamotretos. Se debe prohibir por ley la división horizontal (que permite trocear un inmueble en varias fincas independientes) de esos establecimientos”.

Por último, el presidente de la patronal hotelera y extrahotelera pone el acento en un problema que preocupa cada vez más: la convivencia entre vecinos y turistas. “Son lugares que cuentan con instalaciones de ocio, con bares, restaurantes y pubs destinados a los visitantes; ahora resulta que los inquilinos protestan por la música alta o el ruido que hacen los clientes. Ahí también tenemos un problema serio”, señala.